En la última década, Brasil ha registrado más de 700.000 personas desaparecidas, y para el año 2022, las estadísticas de Sinalid, una herramienta utilizada por el Consejo Nacional del Ministerio Público, apuntan a 85.000 casos. Ahora, un nuevo estudio del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía (Cesec) ha mapeado la experiencia de los familiares de las personas desaparecidas durante la investigación y su estresante viaje a través de lainstituciones de las que esperan obtener respuestas, apoyo y soluciones.

La encuesta también señala que el estado de Río de Janeiro se encuentra entre los que menos casos resuelven, con una tasa de resolución del 44,9%. Con una media de 5.000 desapariciones al año, en 2019, Río ocupó el sexto lugar en números absolutos de registros de casos de personas desaparecidas.

Brasil tiene más de 60.000 desaparecidos al año y la búsqueda se ve obstaculizada por los prejuicios y la falta de estructura

El estudio " La red de ausencias: el recorrido institucional de los familiares de desaparecidos en el estado de Río de Janeiro "El resultado muestra que los que más sufren son los familiares negros y pobres.

A pesar de los números que apuntan a la urgencia del asunto, los casos de desapariciones siguen siendo un universo invisible. Incluso con más de 16 millones de habitantes, Río de Janeiro sólo cuenta con una comisaría especializada en resolver este tipo de casos, la Comisaría para el Descubrimiento de Paradigmas (DDPA), situada en la Zona Norte de la capital.

La unidad especializada sólo cubre el municipio de Río, no investigando más del 55% de las ocurrencias del Estado - a pesar de que, en conjunto, la Baixada Fluminense y las ciudades de São Gonçalo y Niterói han registrado el 38% de las desapariciones del Estado y el 46% de las de la Región Metropolitana en los últimos diez años. En la última década, Río registró 50 mil desapariciones.

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Derechos denegados

La encuesta muestra que la desatención comienza con el registro del suceso. Un primer paso que en principio parece sencillo, es el inicio de una serie de violaciones de derechos en un viaje agotador.

Los agentes de seguridad, que deberían ser acogedores, deslegitiman a los familiares y sus historias y hacen caso omiso de la definición legal del fenómeno, según la cual una persona desaparecida es "todo ser humano cuyo paradero se desconoce, con independencia de la causa de su desaparición, hasta que se haya confirmado su recuperación e identificación por medios físicos o científicos".

Muchas madres entrevistadas relataron casos de negligencia, desprecio y falta de preparación, cuando no la brutalidad de muchos agentes. "La ley de la búsqueda inmediata no se cumple hasta hoy, tal vez por falta de interés de la policía que todavía existe, que mira la desaparición de jóvenes y adolescentes con malos ojos, tienen un prejuicio, pensando que están en un negocio de drogas", denunció Luciene Pimenta, presidenta de laONG Madres Virtuosas.

Para mostrar cómo la ausencia de políticas integradas afecta negativamente a la búsqueda, el estudio reporta entrevistas con profesionales de diversos organismos públicos que trabajan en el área y madres de desaparecidos que dirigen Organizaciones No Gubernamentales. Sólo en los últimos tres años, la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (ALERJ), ha contabilizado 32 proyectos de ley, aprobados o no, sobre el temade los desaparecidos.

La falta de articulaciones integradas, tanto entre el poder público como entre las diversas bases de datos existentes, crean una barrera en la implementación de políticas públicas coordinadas, capaces de resolver, prevenir y reducir el número de casos de personas desaparecidas en el país. En junio de 2021, la ALERJ realizó la primera audiencia del CPI sobre niños desaparecidos. Durante seis meses fueronSe escuchó a representantes de la Fundación para la Infancia y la Adolescencia (FIA), de la Defensoría Pública del Estado y del Ministerio Público, además de los relatos de madres que denunciaron la negligencia de los poderes públicos.

"El IPC representó una victoria para las familias de personas desaparecidas porque posibilitó que el tema estuviera en la agenda legislativa. Al mismo tiempo, puso en evidencia la brecha en términos de acceso e integración de las políticas públicas para este campo. La participación de las madres y familias de personas desaparecidas en estos espacios de construcción de políticas públicas es fundamental".las demandas reales y la elaboración de acciones amplias y eficaces", afirma la investigadora Giulia Castro, que estuvo presente en el IPC.

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"Sin cuerpo no hay crimen"

Uno de los estereotipos más alimentados por los agentes de seguridad es el "perfil estándar", es decir, adolescentes que se escapan de casa y aparecen pocos días después. Como muestra la investigación, muchas madres afirman haber oído decir a los agentes de policía, al intentar registrar un suceso, que "si es una chica, está buscando novio; si es un chico, está con los camellos". A pesar de ello, en los últimos 13 años, el 60,5% de los desaparecidos enEstado de Río de Janeiro tenían 18 años o más.

El intento de deslegitimar los casos culpabiliza a las víctimas, y en vez de un crimen a ser investigado por el Estado, los convierte en un problema de la familia y de la asistencia social. Utilizada como forma de postergar el registro de ocurrencia, la práctica común es un reflejo del racismo y de la criminalización de los más pobres, ya que alegatos como "si no hay cuerpo, no hay crimen" están naturalizados en la vida cotidiana.

Recurrir a estereotipos que no ayudan en la búsqueda y acogida de las familias borra también las complejidades que conforman la categoría de desaparecido, compuesta por diferentes variables: desde delitos como el homicidio con ocultación del cadáver, el secuestro, el rapto y la trata de personas, o casos de personas muertas (por violencia o no) y enterradas como indigentes, o incluso las desapariciones relacionadas con laa situaciones de violencia, especialmente por parte del propio Estado.

"El fenómeno de la desaparición es complejo y tiene muchas capas. A pesar de ello, los datos sobre el tema son insuficientes, sobre todo porque no existe una base de datos unificada capaz de determinar la magnitud de la cuestión. La ausencia de datos implica directamente la calidad y la eficacia de las políticas públicas, que a menudo existen pero son insuficientes y no cubren a las familias pobres y, en su mayoría, ¡negras!señala la investigadora Paula Napolião.

A pesar de tantas ausencias, los colectivos de madres y familiares se han organizado para brindar apoyo y encontrar cobijo en medio de tanto dolor. A través de ONG y colectivos, luchan para que se implementen políticas públicas y para que el tema de los desaparecidos por fin sea enfrentado con la complejidad que requiere.

Lea la encuesta completa aquí.